SANCIÓN DE DECLARACIÓN DE PROVEEDOR FICTICIO O
INSOLVENTE. <Artículo modificado por el artículo 294 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto
es el siguiente:> No serán deducibles en el impuesto sobre la renta, ni darán derecho a impuestos
descontables en el impuesto sobre las ventas, las compras o gastos efectuados a quienes la DIAN
hubiere declarado como:
a) Proveedores ficticios, en el caso de aquellas personas o entidades que facturen ventas o
prestación de servicios simulados o inexistentes. Esta calificación se levantará pasados cinco (5)
años de haber sido efectuada;
b) Insolventes, en el caso de aquellas personas o entidades a quienes no se haya podido cobrar las
deudas tributarias, en razón a que traspasaron sus bienes a terceras personas, con el fin de eludir
el cobro de la Administración. La Administración deberá levantar la calificación de insolvente,
cuando la persona o entidad pague o acuerde el pago de las sumas adeudadas. Estas compras o
gastos dejarán de ser deducibles desde la fecha de publicación en un diario de amplia circulación
nacional de la correspondiente declaratoria.
La sanción a que se refiere el presente artículo, deberá imponerse mediante resolución, previo
traslado de cargos por el término de un mes para responder. A partir de la fecha de su publicación en un diario de amplia circulación
nacional, no serán deducibles en el impuesto sobre la renta, ni darán derecho a impuestos
descontables en el impuesto sobre las ventas, las compras o gastos efectuados a quienes el
administrador de impuestos nacionales respectivo, hubiere declarado como:
a) Proveedores ficticios, en el caso de aquellas personas o entidades que facturen ventas o
prestación de servicios, simulados o inexistentes. Esta calificación se levantará pasados cinco
(5) años de haber sido efectuada.
b) Insolventes, en el caso de aquellas personas o entidades a quienes no se haya podido
cobrar las deudas tributarias, en razón a que traspasaron sus bienes a terceras personas, con el
fin de eludir el cobro de la Administración. La Administración deberá levantar la calificación
de insolvente, cuando la persona o entidad pague o acuerde el pago de las sumas adeudadas.
La sanción a que se refiere el presente artículo, deberá imponerse mediante resolución, previo
traslado de cargos por el término de un mes para responder.
La publicación antes mencionada, se hará una vez se agote la vía gubernativa.
ARTICULO 671-1. INSOLVENCIA. <Artículo adicionado por el artículo 97 de la Ley 6 de
1992. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la Administración Tributaria encuentre que el
contribuyente durante el proceso de determinación y discusión del tributo, tenía bienes que,
dentro del procedimiento administrativo de cobro, no aparecieren como base para la cancelación
de las obligaciones tributarias y se haya operado una disminución patrimonial, podrá declarar
insolvente al deudor, salvo que se justifique plenamente la disminución patrimonial.
No podrán admitirse como justificación de disminución patrimonial, los siguientes hechos:
1. La enajenación de bienes, directamente o por interpuesta persona, hecha a parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único civil, a su cónyuge o compañero (a)
permanente, realizadas con posterioridad a la existencia de la obligación fiscal.
1. La separación de bienes de mutuo acuerdo decretada con posterioridad a la existencia de la
obligación fiscal.
1. La venta de un bien inmueble por un valor inferior al comercial y respecto del cual se haya
renunciado a la lesión enorme.
1. La venta de acciones, cuotas o partes de interés social distintas a las que se coticen en bolsa
por un valor inferior al costo fiscal
1. La enajenación del establecimiento de comercio por un valor inferior al 50% del valor
comercial.
1. La transferencia de bienes que en virtud de contratos de fiducia mercantil deban pasar al
mismo contribuyente, a su cónyuge o compañera (o) permanente, parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único civil o sociedades en las cuales el
contribuyente sea socio en más de un 20%.
1. El abandono, ocultamiento, transformación, enajenación o cualquier otro medio de disposición
del bien que se hubiere gravado como garantía prestada en facilidades de pago otorgadas por la
administración.